2021, el año en que aprendimos qué es la violencia vicaria

Con un atroz goteo, lento pero incesante, en los últimos años hemos contemplado destrozados, como sociedad e individualmente, casos de niños y niñas asesinados por sus padres. Hombres maltratadores que nunca hubieran debido tener acceso libre a los menores, porque un maltratador no solo nunca es un buen padre, sino que puede llegar incluso a quitarle la vida a su hijo o hija por alcanzar su objetivo principal: hacer daño a su madre. Esto se llama violencia vicaria y parece que hasta este año no hemos sido capaces de entender lo que es en toda su dimensión.

La violencia vicaria es una de las manifestaciones más terribles de la violencia de género. “Se ejerce sobre las hijas e hijos para controlar y dañar a sus madres, también sobre objetos, recuerdos familiares, mascotas, sobre todo aquello que pueda sentir amor, cariño, la mujer”, explica la abogada y doctora en Derecho especializada en violencia de género, María del Carmen Peral López, que señala que, en todo caso y por bestial que sea, siempre es secundaria a la víctima principal, que es la mujer.

“Es a la mujer a la que se quiere controlar, dañar y el daño se hace a través de terceros, por ‘interpósita persona’”, aclara María del Carmen Peral López, que señala que “es una de las violencias más atroces contra las mujeres, contra las madres, en la que las víctimas son muy vulnerables, poco o nada protegidas, muy invisibilizada ya que los menores son más invisibles aún que sus madres y es una violencia de tal sutileza que sólo se detecta a veces si se tiene una formación muy especializada”.

María del Carmen Peral López es autora de dos libros imprescindibles sobre el tema: ‘Madres maltratadas: Violencia vicaria sobre hijas e hijos’ y ‘El fenómeno de la violencia de género a través de las hijas e hijos de madres maltratadas’, y la tesis ‘La práctica judicial en los delitos de malos tratos. Patria potestad, guarda y custodia y régimen de visitas’, por la que recibió el Premio Carmen de Michelena y el del Ministerio de Igualdad a mejor tesis doctoral en violencia de género. Todas sus publicaciones son recomendables para profundizar en un tema que hasta hace poco no sabíamos ni nombrar.

El término de violencia vicaria lo acuñó la psicóloga Sonia Vaccaro hace una década y ya entonces señaló que se trata de una violencia instrumental que utiliza el maltratador para hacer daño a su pareja o ex pareja. Sin embargo, no ha sido hasta este año, cuando se estrenó la docuserie sobre Rocío Carrasco cuando ha llegado al gran público, gracias a las precisas explicaciones de expertos en violencia de género como <strong>Ana Bernal-Triviño</strong>la periodista Ana Bernal-Triviño o el forense Miguel Lorente.

La docuserie sobre Rocío Carrasco “ha permitido la identificación de las diferentes fases en que la violencia vicaria se manifiesta y el aumento paulatino y gradual, con sus efectos y consecuencias en quienes la sufren”, destaca Mar Lluch, psicóloga forense y vicedecana 3ª de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana (COPCV), que señala que “al tratarse de personas con una vida pública, este relato ha facilitado la comprensión y reinterpretación en los espectadores, de determinados hechos expuestos públicamente, que podían resultar incomprendidos, y que con este relato, ahora han cobrado una nueva identidad, al completar las lagunas de información que tenían hasta el momento”.

La conciencia social y política y el compromiso es imprescindible para conseguir una protección real y efectiva de los menores víctimas de violencia de género. La abogada María del Carmen Peral López lanza una pregunta a la sociedad que estremece: “¿De qué le sirve a una madre que se le proteja, una vez convencida que el único camino para salir del maltrato es la denuncia, si no se protege a sus hijas e hijos? Es necesario que haya una conciencia social de este problema y una formación especializada de todos los operadores jurídicos”.

“A medida que la mujer avanza y se empodera, el maltratador puede aumentar y ampliar el repertorio de comportamientos a través de los cuales dañar a la mujer, lo cual explicaría el aumento de asesinatos a menores”, apunta Mar Lluch.

Menores como víctimas

En la última década, 44 menores han sido asesinados por sus padres. Muchos casos han tenido una gran atención mediática. Desde el de José Bretón, que asesinó a sus hijos, Ruth, de seis años, y José, de dos, en 2011, al asesinato de Anna, de un año, y Olivia, de seis, por parte de su padre este verano en Tenerife.

Al analizar la mayoría de esos casos, desgarra sospechar que podrían haberse evitado. La mayoría de padres estaban denunciados por maltrato. Ángeles González denunció al padre de su hija hasta 47 veces, pero no la escucharon y su expareja asesinó a la niña en la primera visita a solas que tuvo con ella. Cumplió lo que le había dicho que haría: "Te voy a quitar lo que más quieres”. ¿Protege la justicia con efectividad y prudencia a los menores? ¿Se pone por delante su bienestar y su seguridad? La respuesta es simple: no.

“La falta de actuación integral en la protección de hijos e hijas, junto a la falta de consideración hasta hace apenas nada, como víctimas directas de violencia de género, ha dificultado una actuación contundente para evitar estos asesinatos”, considera Mar Lluch, para quien “dichas muertes se podían haber evitado si se hubiese atendido a las manifestaciones y/o denuncias, y a toda la información entorno a la situación familiar, de una manera integrada y conectada. La ausencia de análisis por profesionales especializados en violencia de género, lleva a la falta de perspectiva, y desprotección de las víctimas”.

Por su parte, la abogada María del Carmen Peral López señala que en nuestro país hay normativa como para poder adoptar medidas de protección de los y las menores, así como a sus madres. “Sin embargo, se minimiza el riesgo y se adoptan en menos de un 2% de los casos. Probablemente se hubieran evitado estos asesinatos y muchos casos de violencia sobre estas hijas e hijos, si se adoptaran las medidas de protección a menores articuladas y no hubiera, como hay en la actualidad, la disparidad en la aplicación de la norma dependiendo de la formación especializada o no en la materia de los operadores jurídicos”.

El maltratador nunca es un buen padre

Si solo tiene un valor simbólico, la protección de los y las menores víctimas de violencia de género queda dañada. “La normativa es de escasa rentabilidad práctica, como demuestra el hecho de no haber aumentado, desde su aprobación en 2015”, destaca Peral López, que añade que hace falta una buena formación en violencia de género para todas las personas implicadas en los procesos jurídicos. Sin ella, no se garantiza la justicia ni la protección para las víctimas.

Además, muchos estereotipos juegan a favor de la violencia de género y, como dijo Gloria Poyatos, magistrada del TSJ de Canarias y cofundadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España: ‘los estereotipos son inmunes a las leyes, pero quienes juzgamos no somos inmunes a los estereotipos’. “Por eso, se corre el riesgo de crear una nueva discriminación al dictar sentencias”, apunta Peral López, que enumera otros prejuicios que allanan el camino de la violencia vicaria.

“Entre los más frecuentes está el hacer prevalecer los derechos del padre biológico, llegando a interpretar de modo perverso que el ‘interés superior del menor’ consiste en estar obligadamente con ese padre y cumplir sus deseos. Se cree que el maltratador es violento con la mujer, pero no con las hijas o con los hijos, se separan estas violencias, cuando el violento es violento, no discrimina con quién, tiene incluso normalizada la violencia”, explica la letrada.

“Otro sería hacer prevalecer el ‘in dubio pro reo’, es decir, la presunción de inocencia del maltratador, sobre el interés superior del menor minimizando el riesgo, o creer que el cese de la convivencia de los progenitores acaba con este tipo de violencia, cuando es justo cuando la violencia vicaria tiene mayor protagonismo, el mito de las denuncias falsas o el falso Síndrome de Alienación Parental, que se aplica en resoluciones judiciales cuando ya en 2013 el Consejo General del Poder Judicial ya advirtió que no se debía aplicar”, enumera Peral López.

Además, la abogada alerta del aumento de negacionismo de la violencia de género entre los jóvenes. Según un reciente estudio del Centro Reina Sofía sobre adolescencia y juventud de la Fundación de Ayuda a la Drogadicción (FAD), uno de cada cinco hombres entre 15-30 años creen que la violencia de género es un invento ideológico. “¿Si no se cree en la existencia de la violencia de género, ¿cómo se va a entender la violencia vicaria?”, se pregunta.

También Mar Lluch denuncia los estereotipos sobre las mujeres que dificultan la protección adecuada a las víctimas de violencia vicaria. Uno sería “considerar que la mujer, una vez se ha separado, pretende alejar al progenitor de la vida de sus hijos e hijas”, pero también el no escuchar a los y las menores: “muchas veces se interpreta que hijos e hijas se nieguen a ir con su padre como que la progenitora les está poniendo en contra de él”. No escucharles, ni atender sus peticiones puede acabar con sus vidas.

Las dificultades para probar la violencia vicaria

Además de esas desventajas, cuesta probar la violencia vicaria, si no se contempla la situación integral de la mujer maltratada y sus hijos e hijas. Como explica la psicóloga forense Mar Lluch, una vez sucedido un desenlace fatal parece fácil detectarla, es entonces cuando “se presta atención a mensajes que habían pasado desapercibidos, o a los que se les habría restado importancia, frente a datos sobre el maltratador ‘positivos’ que le alejaban de la imagen de ‘persona cruel o capaz de llegar a cometer esos hechos’”. Pero entonces ya es tarde.

La psicóloga explica una de las razones clave por las que la violencia vicaria suele pasar desapercibida por cualquiera que no sea la principal afectada, la mujer maltratada, es que el maltratador la crea para que solo sea ella quien la perciba con claridad. “Es ejercida de manera muy sutil, con información manipulada, para cuestionar y dañar, o coaccionar a la mujer. Información del ámbito privado y que, por tanto, solo ellos conocen. De ahí, que sea la mujer la única en detectarla, ya que está diseñada y dirigida exclusivamente hacia ella, y esto es lo que dificulta la detección por parte de terceros, si no se escucha el relato de la mujer”, afirma Lluch.

Por esto, la labor profesional de los y las expertos en psicología forense es vital para obtener un relato completo de la mujer. “Igualmente es necesario hacer una correcta evaluación de los hijos e hijas, determinar si existe afectación y si es atribuible a un modelo relacional basado en el maltrato. La evaluación reviste complejidad, pues precisa de un análisis técnico profundo”, explica. “Puesto que la violencia psicológica no deja huellas visibles a los ojos inexpertos, se precisa de una adecuada labor forense para visibilizarla y con el suficiente calado judicial como para servir de apoyo en decisiones judiciales que conlleven la protección de los y las menores”, concluye Lluch.

Para afrontarla, la psicóloga considera un primer paso imprescindible: “Hay que buscar asesoramiento legal especializado, y ayuda psicológica de una persona experta en violencia de género para, por un lado, actuar a nivel legal para poner fin a esta situación y proteger a sus hijos e hijas, y por otro, tratar el daño psicológico que estaría experimentando, y obtener respaldo psicológico también para los pasos legales que fuera dando”.

El apoyo de la sociedad

Ed El asesinato por violencia vicaria produce un trauma extremo en las madres que tienen por delante un largo y durísimo camino para tratar de recuperarse e intentar seguir adelante. Sin embargo, aunque en los Presupuestos Generales del Estado que acaban de recibir el respaldo del Congreso de los Diputados, aunque aumenta en un 25% las partidas para violencia de género, no se contemple ninguna específica para la violencia vicaria. Y si no aparece en ellos, no existen.

De hecho, solo Galicia y Cataluña incluyen violencia vicaria específicamente en sus legislaciones autonómicas. Además, las mujeres no suelen recibir indemnizaciones porque los maltratadores que no se suicidan, se declaran insolventes. Por todo ello, sería necesario que se creara un fondo del Estado para hacerse cargo y que se contemple expresamente la violencia vicaria en presupuestos y legislaciones, para que sus víctimas reciban protección, reparación y ayuda y para prevenir el mayor dolor imaginable, perder a quien más quieres.