Las bajas médicas por menstruación incapacitante, ¿cómo funcionarán?

El Consejo de Ministros ha aprobado la reforma de ley del aborto impulsada por el Ministerio de Igualdad. Se han caído del anteproyecto presentado por el Irene Montero algunos puntos como la reducción del IVA para tampones y compresas y la persecución penal para quienes recurran a la gestación subrogada fuera de España, pero la norma será más amplia y regulará nuevos derechos y obligaciones relacionados con la salud sexual y reproductiva.

Por primera vez en un país europeo, la ley marcará el derecho de una mujer que sufra reglas muy dolorosas a cogerse una baja laboral que estará financiada desde el primer día por el Estado. Será un médico quien dictamine estas bajas por menstruaciones dolorosas e incapacitantes y para acceder a ellas no será necesario tener una patología diagnosticada ni se exigirá a la trabajadora ningún número mínimo de días cotizados a la Seguridad Social.

Según la I Encuesta sobre Menstruación y Entorno Laboral lanzada por INTIMINA, el dolor en el ciclo menstrual es una realidad que 6 de cada 10 mujeres experimentan con frecuencia, y que suele llevar asociados síntomas como dolor muscular o articular, migrañas y debilidad o fatiga. Pese a ello, el 88% de las entrevistadas afirman haber acudido al trabajo con este tipo de dolores incapacitantes. El motivo es que, de acuerdo con el 71% de las encuestadas se ha normalizado esta situación, algo con lo que esta ley pretende terminar.

Será por tanto una baja por enfermedad común que tendrá una duración variable en función del caso y que situaría a España como el primer país de la Unión Europea en reconocer bajas médicas bajo este motivo.

Contra la pobreza menstrual

Otro de los puntos clave de la reforma de la Ley del Aborto es la de tratar de combatir la pobreza menstrual. Por este motivo proponía una bajada del IVA del 10% al 4% de los productos de higiene menstrual como compresas o tampones, pero esta medida ha quedado aplazada a la negociación de los Presupuestos por decisión del Ministerio de Hacienda ya que se estima que suponga un coste de unos 30 millones de euros.

Lo que sí se hará será repartir de forma gratuita estos productos en institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos, centros sociales u organismos públicos con el fin de que haya un mayor acceso a estos artículos y así acabar con la brecha de género que marcan estudios como el de 'Equidad y Salud Menstrual' que ha realizado el Instituto Universitario de Investigación Jordi Gol i Gurina con el apoyo de DIM Protect, cuyas conclusiones determinan que un 22,2% de las mujeres no tienen acceso a productos menstruales en algún momento de su vida por cuestiones económicas y que un 39,9% de las mujeres que han respondido reconocen que no ha podido costear el producto menstrual de su elección.